Por Daniel Monnet
En primera votación, el Congreso de la República aprobó la denominada “Ley Chlimper 2.0”, una nueva Ley Agraria que —como ya es costumbre— amplía los beneficios tributarios para los grandes capitales agroexportadores que operan en la costa peruana. Con 35 votos a favor, 35 en contra y 15 abstenciones, se dio luz verde, en primera instancia, a un nuevo marco legal que propone reducir el Impuesto a la Renta del 29,5 % al 15 %, otorgar créditos por “reinversión” y ampliar la recuperación anticipada del IGV. Los principales impulsores de esta ley son Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, el Bloque Magisterial, Perú Libre y Renovación Popular[1]. Estas medidas no son sino mecanismos diseñados para facilitar la apropiación privada de la riqueza generada por la clase trabajadora. No se trata de una expropiación directa —como en el caso de los recortes salariales—, sino de una forma más sutil de despojo, que opera mediante el debilitamiento de la capacidad recaudatoria del Estado, reduciendo su margen de maniobra para financiar servicios públicos esenciales, imprescindibles para la subsistencia de las familias obreras.
Si en el pasado el tratamiento tributario especial al sector agroexportador se justificaba bajo el argumento de promover temporalmente su competitividad —como establecía la Ley 31110—, hoy los grandes capitales y sus ganapanes en el Congreso han abandonado todo pudor y buscan convertir esos “estímulos” en privilegios permanentes, eliminando incluso el límite de duración de diez años para las exoneraciones fiscales. Como han advertido diversos especialistas, menos de veinte empresas a nivel nacional se beneficiarían de estas disposiciones. Se trata, por tanto, de una ley con nombre propio, diseñada para favorecer a empresas agroindustriales como Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú. En el caso de las vitivinícolas, también se beneficiarían compañías como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero.
El carácter desembozado de esta norma es tan evidente que incluso los propios gestores del capital —la tecnocracia del Ministerio de Economía y Finanzas— la han calificado de “poco técnica” y han advertido que, de aprobarse, el Estado peruano dejaría de recaudar alrededor de 20.000 millones de soles entre 2025 y 2035. En efecto, la falta de sustento “técnico”, incluso desde los parámetros del ultraliberalismo, revela la voracidad con la que operan los capitalistas del agro. Sin embargo, el problema no es meramente técnico, como pretenden hacerlo parecer. Se trata, más bien, de una expresión inherente a la lógica del capital. En este caso concreto, la medida busca preservar las ganancias empresariales frente a las turbulencias provocadas por el alza de los aranceles a las importaciones realizadas desde EE. UU (uno de los principales mercados de las mercancías del agro). La respuesta del capital ante dicha amenaza se orienta, como siempre, a profundizar la expropiación de la riqueza generada por los trabajadores, sea por vías directas o indirectas.
En 2023, las diez principales empresas del sector —entre ellas Camposol, Trillium Agro y Beta— concentraron cerca del 20 % del valor total exportado, y más de la mitad de ellas ya se acogen a los beneficios tributarios establecidos por la Ley 31110. Con la aprobación de esta nueva ley, que aún espera su segunda votación, pretenden resguardar sus tasas de ganancia frente a las incertidumbres generadas por la decadencia del imperialismo.
Esta ofensiva de una de las fracciones más poderosas de la burguesía peruana ocurre en un escenario marcado por una correlación de fuerzas desfavorable para la clase obrera y el conjunto del pueblo. Medidas antipopulares como esta se inscriben en un contexto de crisis política agudizada desde la destitución de Pedro Castillo y la brutal represión contra la movilización popular de 2022-2023. El progresivo cercenamiento de las libertades democráticas está estrechamente ligado a la contención de las aspiraciones materiales de las masas. Por ello, es fundamental denunciar no solo al capital agroexportador, sino al conjunto de la coalición mafiosa que hace posible su arremetida.
[1] https://larepublica.pe/economia/2025/06/05/ley-chlimper-20-aprobada-al-caballazo-en-el-congreso-asi-votaron-las-bancadas-para-favorecer-a-agroexportadoras-hnews-218920
