Por Sebastian Sarapura Rivas
La reñida disputa electoral peruana tendrá, según todo indica, a Keiko Fujimori como vencedora. Además de garantizar la continuidad del modelo económico neoliberal, el retorno del fujimorismo al gobierno implica, en lo inmediato, la profundización del clima de represión política instaurado tras la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
La correlación de fuerzas para el nuevo gobierno será bastante favorable. En el Senado, Fuerza Popular contará con 22 de los 60 escaños, mientras que Renovación Popular, la fuerza política con mayor afinidad ideológica al fujimorismo, dispondrá de 8. En conjunto, ambas agrupaciones sumarán 30 senadores, equivalentes a la mitad de la cámara. En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular obtuvo 39 de los 130 escaños y Renovación Popular 15, alcanzando un total de 54 diputados. De este modo, ambas fuerzas reúnen 84 de los 190 parlamentarios del Congreso bicameral. Aunque esta cifra no les garantiza una mayoría propia, sitúa a este bloque en una posición privilegiada para articular mayorías legislativas mediante acuerdos con otras bancadas y orientar decisivamente la actividad del Poder Legislativo en consonancia con los intereses del Ejecutivo.
En los últimos años, además, el fujimorismo ha extendido su influencia sobre instituciones como la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, con el propósito de obstaculizar las acciones legales dirigidas contra Keiko Fujimori y su entorno político. No menos relevante ha sido la búsqueda constante del respaldo de los sectores más reaccionarios de las fuerzas represivas del Estado. Fuerza Popular ha promovido leyes orientadas a eximir de responsabilidad penal a policías y militares investigados por las matanzas ocurridas entre 2022 y 2023, así como a excarcelar a integrantes de grupos militares y paramilitares condenados por violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La vocación represiva y autoritaria del fujimorismo encabezado por Keiko Fujimori es coherente con el legado político de su padre. La reivindicación de esa herencia estuvo presente a lo largo de toda la campaña electoral y constituye, al mismo tiempo, una fuente de apoyo y de rechazo. El antifujimorismo, pese a sus limitaciones programáticas, continúa trazando una línea divisoria entre las fuerzas abiertamente reaccionarias y aquellas que defienden las garantías democráticas más elementales.
Hasta la redacción de este comentario, con el 98,216 % de las actas contabilizadas, Juntos por el Perú registraba 9.032.092 votos (49,998 %), quedando a apenas 561 sufragios de Keiko Fujimori, quien alcanzaba 9.032.653 votos (50,002 %). La candidatura de Roberto Sánchez obtiene sus mejores resultados en la sierra y la selva, mientras que el fujimorismo predomina en la costa. Asimismo, los votos nulos y en blanco superan conjuntamente los 1,2 millones, expresión de un sector nada despreciable del electorado que rechazó ambas candidaturas. En conjunto, los votos de JP y los sufragios nulos y en blanco dan cuenta de una base social desde la cual podría emerger, en el corto plazo, una oposición a la hegemonía ultraderechista del fujimorismo.
Ante el más que previsible copamiento de los espacios institucionales y el recrudecimiento del clima represivo, una oposición consecuente al gobierno deberá promover la movilización en las calles sobre la base de una plataforma de lucha capaz de enfrentar el cercenamiento de las libertades democráticas y la profundización acelerada del programa antiobrero y antipopular que el fujimorismo representa en el plano económico. La izquierda representada por frentes electorales como Juntos por el Perú y Venceremos concibe la movilización de la clase trabajadora, prioritariamente, como palanca para la disputa electoral y la negociación institucional. Ello, a su vez, da cuenta de sus limitaciones para enfrentar al fujimorismo de manera consecuente. No alcanza a constituirse siquiera como fuerza reformista. Por ello, corresponde a los sectores clasistas disputar pacientemente la dirección del movimiento de masas que advendrá con la ofensiva patronal que representa el fujimorismo en el gobierno.
El escenario aciago vuelve imperativo superar el espontaneísmo, la fragmentación organizativa y el espíritu de secta que caracterizan a aquellas corrientes de izquierda que no se contentan con los límites de la democracia burguesa. En los últimos cinco años, el movimiento de masas en el Perú ha mostrado una extraordinaria disposición de lucha que revela potencialidades para superar la degradación social y la anomia secular a la que nos ha conducido el modo de producción capitalista. Una respuesta programática a la altura de esa disposición solo puede resultar de la confluencia de múltiples esfuerzos para que la clase trabajadora reconozca, a través de su propia experiencia de lucha, que la plena realización de sus reivindicaciones inmediatas exige la superación de las relaciones sociales de explotación capitalistas.
