Por Sebastián Sarapura
La vacancia de Dina Boluarte es, sin duda, consecuencia de la movilización popular que, en los últimos meses, volvió a reactivarse ante la total incompetencia de los poderes del Estado para atender las demandas más urgentes de la población. Las marchas contra el sistema privado de pensiones y contra la ola de criminalidad fueron expresiones de ese descontento y desembocaron, de manera natural, en reivindicaciones de orden político, alcanzando tanto a la presidenta como al parlamento.
Aunque este hecho se perciba —y efectivamente sea, en parte— como una victoria popular, es necesario poner “paños fríos” frente al escenario que se abre con la salida de Boluarte. Como ha ocurrido desde, al menos, 2016 —cuando el Perú comenzó a tener casi un presidente por año—, su caída responde también a un acuerdo entre los grandes partidos burgueses. El cálculo electoral constituye hoy el principal motor de ese “consenso democrático”. Ante la creciente deslegitimación de todos los partidos con representación parlamentaria, el temor a un pobre desempeño en las próximas elecciones y, sobre todo, la radicalización de las movilizaciones, incluso los antiguos aliados de Dina Boluarte votaron a favor de su destitución.
El parlamentario designado como presidente del gobierno de transición es una muestra más de la podredumbre y descomposición de las instituciones burguesas a las que asistimos hoy, desde Nepal hasta Argentina. José Jerí, del partido Somos Perú y uno de los principales aliados de Boluarte, apeló en su primer discurso a la “empatía y la reconciliación nacional”, invocando a Dios “para que le dé sabiduría”. Hasta hace poco presidente del Congreso peruano, Jerí enfrenta investigaciones que incluyen denuncias por abuso sexual y actos de corrupción vinculados a la Comisión de Presupuesto. Según el portal Infobae: “Blanca Ríos, empresaria, denunció que, cuando él presidía dicha comisión, se entregó un soborno de S/150.000 a operadores de su entorno a cambio de que un proyecto en Cajamarca fuera incorporado en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”. Resulta hilarante que se designe a un acusado de corrupción justo cuando la salida de Boluarte se produce bajo la acusación de incapacidad moral.
Es evidente que los partidos con representación parlamentaria buscan lavarse las manos ante la profunda crisis social que atraviesa el país, colocando a Boluarte como la única responsable. Sin embargo, para la mayoría de los trabajadores peruanos resulta claro que ella gobernó con el aval de esos mismos partidos, especialmente de la extrema derecha, antes opositora a Pedro Castillo. Frente a ese accionar, la respuesta inmediata debe ser continuar con las movilizaciones, fortalecer la organización desde las bases, exigir nuevas elecciones y, sobre todo, el enjuiciamiento de Boluarte y de todos los responsables políticos y militares de su gobierno por las masacres del ciclo de movilizaciones 2022-2023.
Las principales reivindicaciones de las masas no se resolverán mediante nuevos acuerdos en las alturas: ni con un gobierno de transición, ni con un nuevo proceso electoral, ni —aunque sea difícil de aceptar para gran parte de la izquierda peruana— con una nueva asamblea constituyente. Las experiencias chilena, boliviana y ecuatoriana dan cuenta de las limitaciones de ese recambio institucional como mecanismo de contención e institucionalización de las demandas populares, que finalmente no cambia nada o cambia muy poco.
Como señalamos en otro texto en marzo de este año: “La lucha por las libertades democráticas no es un fin en sí misma, sino un momento en el desarrollo de la organización obrera independiente, que puede, en un periodo breve de tiempo, plantearse decididamente la lucha por el socialismo. La unidad de la clase trabajadora y de todos los oprimidos contra el régimen de Boluarte puede ser el catalizador que, superando los impases organizativos y la represión del actual periodo, dé lugar a un movimiento capaz de sentar las bases para constituirse en el partido que exprese los intereses históricos de los trabajadores y adopte como perspectiva estratégica la expropiación de los expropiadores”. Entendemos que esas consideraciones conservan vigencia para el nuevo escenario al que nos enfrentamos.
