Fotografía original recuperada del perfil de IG: @mhvv___
Por Daniel Monnet
La pandemia de la Covid-19 contribuyó a evidenciar la bancarrota total del capitalismo peruano. Si antes de este acontecimiento ya resultaba difícil ocultar las miserias sociales generadas por ese sistema, con la emergencia sanitaria el velo ideológico impuesto por los medios de comunicación burgueses se volvió completamente impotente. En 2021, Médicos Sin Fronteras estimó que Perú era el país con la mayor tasa de mortalidad por Covid-19 en todo el mundo. Ello resulta plenamente coherente con un régimen de acumulación basado en la expulsión de ingentes masas de población sobrante para el capital y en la dilapidación física de la fuerza de trabajo. Como señalamos en la primera parte de este ensayo, las políticas que viabilizan ese abaratamiento de los costos de reproducción de las familias obreras no solo se tienen por objetivo reducir los salarios directos y prolongar la duración de las jornadas laborales, sino también avanzar en la privatización-mercantilización de servicios públicos. Con esto se trasladan gastos de reproducción de la fuerza de trabajo de los capitalistas hacia las familias. Ese es, en términos generales, el contenido de las políticas neoliberales que predominan hoy en todo el mundo y que en países como el Perú adquieren una forma especialmente cruenta.
La mortandad del capital, agudizada — y no determinada exclusivamente— por la pandemia, contribuyó con el clima de radicalización política que se expresó posteriormente en manifestaciones contra el alza del costo de vida y en el triunfo electoral de Pedro Castillo. Procurando contener el hartazgo generalizado de la población ante la bancarrota del sistema de salud y otros servicios públicos, en 2020 el poder ejecutivo implementó dos decretos de urgencia que autorizaban el retiro de hasta 2000 soles de las cuentas del Sistema Privado de Pensiones (SPP). A este le fueron sucedidas al menos 6 nuevas leyes promulgadas en 2020 y 2024 orientadas a facultar el retiro de montos mayores, que llegan, como en el caso de la ley N. 32002 a autorizar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT a todos los afiliados sin excepción.
La autorización de estos retiros —que, por su recurrencia, hace tiempo dejaron de ser extraordinarios— constituye una consecuencia directa de los paupérrimos montos que los afiliados al SPP prevén recibir, como resultado de los abusos de la burguesía financiera de las AFP. La más antigua experiencia chilena es aleccionadora: según la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, 50% de los afiliados a las AFP en el país vecino recibirán una pensión, que, en el mejor de los casos, será equivalente al 15% de sus últimas remuneraciones.
En Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP muestra datos que revelan que de las 8.8 millones de personas afiliadas, solo 3.6 millones realizan aportes y que 2.4 millones, no tienen nada en sus cuentas individuales (datos del 2023). Es posible estimar que alguien que aporta 1000 al mes, en función de la tasa de reemplazo de 40%, obtendrá una pensión de 400 soles. Es claro el porqué del interés de las familias trabajadoras en retirar su dinero. Para la inmensa mayoría es mejor usar ese dinero hoy, invertirlo o simplemente ahorrarlo en cuentas particulares, que esperar los ridículos montos que brindarán las AFP. Como indicamos en la primera parte, la principal justificativa para la imposición del SPP fue aliviar al Estado de la carga económica que significaba la administración de un sistema público de pensiones. Se suponía que el sector privado conseguiría mayor eficiencia para los aportantes, garantizando pensiones dignas y eximiendo al Estado de gastos excesivos. Los resultados que tenemos, más de treinta años después de su implementación, distan bastante de ello.
Las modificaciones en el sistema de pensiones peruano en 2025, así como la respuesta de la juventud trabajadora frente a la arremetida del capital financiero que las impulsa, deben situarse en el marco más amplio de la correlación de fuerzas que prevalece en la sociedad peruana. El clima represivo instaurado desde la caída de Pedro Castillo y, sobre todo, la consolidación de Dina Boluarte en el Ejecutivo, constituyeron derrotas políticas para los trabajadores. No se trata aquí de presentar a Castillo como un representante orgánico de las causas populares; se trata, en cambio, de subrayar que su destitución tuvo como principal motivación cerrar cualquier brecha de una posible modificación de las políticas neoliberales cuyo contenido, como indicamos, es abaratar los costos destinados a la reproducción de la fuerza de trabajo, aumentando, por consecuencia, las tasas de explotación. Aunque Castillo no tuviera esas intenciones, las bases sociales que lo respaldaban sí aspiraban a ese cambio y ello determinaba que su gobierno fuera visto por los sectores burgueses como poco confiable para gestionar el sistema (tampoco debe desestimarse el racismo de esos sectores en la formación de ese criterio). Lo fundamental aquí es señalar que el movimiento popular llega al 2025 en un momento de adversidad organizativa y de envalentonamiento de serviles políticos burgueses como Dina Boluarte, muy orgullosos de sus muertos y la estabilidad conseguida para los capitalistas.
Desde al menos 2024, el partido Fuerza Popular, heredero del legado de Alberto Fujimori, ha impulsado una reforma del sistema que busca consolidar los intereses de los conglomerados financieros que administran las AFP. La promulgación del reglamento a inicios de septiembre de este año buscó corregir las “deficiencias” del sistema de pensiones recurriendo a subsidios del Estado y a los gastos en consumo de los trabajadores. Entre las medidas centrales figuró la creación de una pensión mínima de S/600 para afiliados de la ONP y las AFP, accesible con 240 unidades de aporte (20 años de trabajo). Como señala un especialista en la materia, bajo estas circunstancias: “[…] para acceder a la pensión mínima de S/600, se requiere un fondo de, al menos, S/120,000. Esa diferencia de S/40,000 tendría que ser cubierta por el Estado […]”. En las AFP, además, este “beneficio” se condicionaba a no retirar fondos tras la entrada en vigor de la norma. El reglamento también restringía a los afiliados menores de 40 años, quienes perderían la opción de retirar el 95,5% de su fondo al jubilarse, mientras que los mayores de 40 podrían elegir entre pensión o retiro. Asimismo, se planteaba una “pensión por consumo”: destinar el 1% de los gastos registrados con boleta electrónica al fondo previsional, financiado con recursos públicos y canalizado por las AFP. Finalmente, desde 2028, los trabajadores independientes serían obligados a aportar al sistema privado, iniciando con un 2% de sus ingresos y alcanzando el 5% en 2034.
Ante los primeros indicios de movilización popular, el Congreso se vio obligado a ceder. Aprobó, recientemente y por mayoría aplastante (116 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones), un nuevo retiro de hasta 4 UIT —unos S/21,400— de los fondos de las AFP. También se derogaron los aportes obligatorios del 2% para los trabajadores independientes. De la misma forma, se dio marcha atrás con el impedimento a los menores de 40 de retirar el 95% de sus aportes al jubilarse. La medida contó con el respaldo unánime de las principales bancadas de la comisión de Economía: Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular y Podemos Perú. Todas, lejos de representar los intereses de los trabajadores, se alinearon pragmáticamente frente a la posibilidad de un nuevo aumento de la movilización social y a una mayor mella de su alicaído prestigio frente a la población a poco tiempo de las nuevas elecciones.
Como se sabe, a pesar de ello, la movilización de la juventud trabajadora se llevó a cabo los días 20 y 21 de septiembre, reclamando no solo la derogación total de la reforma de pensiones, sino también (en algunos casos) su transformación en un sistema unificado de carácter público, que excluyera la lógica privatista. Como era de esperarse, las consignas trascendieron la cuestión de las AFP y no fueron escazas las voces que también justificaron las medidas de lucha teniendo como objetivos la destitución de Dina Boluarte y el tema de la inseguridad que golpea el día a día de los trabajadores.
La lucha contra las AFP es también la lucha contra la degradación social a la que nos ha conducido la burguesía peruana y sus partidos. Ella coloca de forma clara la disyuntiva entre el trabajo y el capital, entre la vida de los trabajadores y las ganancias de los capitalistas, teniendo por ello la potencialidad de acelerar una consciencia clasista que no se restrinja a las minorías de izquierda ya convencidas ideológicamente. En ese proceso, es fundamental reconocer no solo quienes se benefician con las AFP sino la lógica más general a la que esta corresponde.
Los intereses capitalistas en torno al negocio de las AFP son personificados por figuras como Dionisio Romero Seminario y su hijo Dionisio Romero Paoletti, José Raymundo Morales Dasso y Walter Bayly Llona, quienes constituyen un segmento claramente identificado de la burguesía financiera peruana. Todos ellos comparten características comunes: provienen de familias históricamente vinculadas al poder económico, han dirigido o heredado conglomerados empresariales influyentes —como el Grupo Romero, con intereses en Prima AFP, Alicorp, Primax y el Banco de Crédito del Perú— y han mantenido cercanía con gobiernos de distinta orientación política, especialmente bajo la dictadura fujimorista y posteriores administraciones neoliberales. Su trayectoria evidencia un patrón de consolidación intergeneracional del capital, participación directa en campañas políticas —como las de Keiko Fujimori— y una red de conexiones con la alta dirección de asociaciones empresariales y financieras, que les permite articular los intereses de sus grupos empresariales con la administración de los ahorros previsionales de millones de peruanos. Son estos individuos, apéndices de una lógica automática de valorización, quienes se organizan en detrimento de la vida de millones de trabajadores peruanos. Son ellos los beneficiarios inmediatos de la lógica especulativa y parasitaria de las AFP. Otrora promotores de la superioridad de la eficiencia del “mercado” sobre el Estado, hoy recurren a este para garantizar su propia inoperancia.
La lógica reformista procura encontrar, como solución a la debacle neoliberal, una vuelta al pasado. No son pocos en ese campo los que reivindican la Constitución de 1979. Tales ilusiones, sin embargo, desconocen que las condiciones mundiales de acumulación de capital hoy no son las mismas que en aquel entonces, y que la caída de la rentabilidad del capital en su conjunto es la que impone desde hace décadas las ofensivas neoliberales alrededor del mundo, así como la creciente mercantilización de todas las esferas de la vida.
A pesar de sus ingentes ganancias, los aportantes de las AFP representan solo el 20 % de la población económicamente activa (PEA), mientras que alrededor del 11,2 % aporta al sistema nacional. Según Comex: “[…] solo 1 de cada 4 trabajadores aporta para su jubilación; por lo tanto, una gran cantidad de personas llegaría a la vejez sin una fuente de ingresos previsional […]”. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de trabajadores peruanos está destinado a pasar la vejez en la indigencia o sustentado por el núcleo familiar. En regiones como Puno, Ayacucho y Apurímac solo el 3.5% de la población aporta a algún sistema de pensión, por lo que la situación, en términos regionales, adquirirá una gravedad mayor.
La implosión de las AFP, su total fracaso, está reflejado en estas cifras. Pero no es —aunque también lo sea— un problema de gestión y eficiencia administrativa. Mantener las cosas como están o reivindicar un sistema público de pensiones son solamente parches delante de una problemática mayor. Si la inmensa mayoría de la población no hace parte de ninguno de los sistemas de jubilación es porque la venta de su fuerza de trabajo se realiza fuera de los ámbitos “formales” de la economía; esto es, en ramas de la producción que tienden a ser especialmente ineficientes y que se caracterizan por jornadas de trabajo más intensas y prolongadas. Los capitalistas de esos sectores no se preocupan por los requisitos habituales de la regulación estatal, y sus trabajadores se las arreglan como pueden porque son los únicos lugares que les quedan para trabajar y sobrevivir. De lo que se trata entonces es de modificar esa estructura productiva que dilapida y bestializa a las familias obreras.
La garantía de una vejez digna, entonces, no pasa solamente por nuevas reformas al sistema de pensiones existente o por su mera impugnación. Se trata, fundamentalmente, de un problema relacionado a la naturaleza de una estructura productiva configurada al servicio de la valorización del capital. Esa lógica, por no tener más fin que la ganancia, es el exacto opuesto a la planificación consciente de la reproducción de la vida en comunidad. Solo superando esa lógica, personificada por capitalistas particulares, es que se podrá formar una nueva economía, en la que personas de todas las edades no tendrán que preocuparse por si comerán mañana.
