Por Alhelí Gonzáles Cáceres

Esta nota no pretende agotar el debate sino aportar elementos que permitan la necesaria crítica revolucionaria a los procesos políticos y económicos que ha vivido Nuestra América en estas últimas dos décadas. En este caso, lo que buscamos es aportar a la reflexión acerca del proceso político y económico encarnado en la llamada “revolución bolivariana”. Nuestro aporte lleva en su título “La Bancarrota de la izquierda”, no por capricho, sino por la necesaria recuperación del pensamiento de uno de los principales dirigentes de la Revolución Bolchevique. En “La Bancarrota de la Segunda Internacional” [1], Lenin analizaba las implicancias prácticas de las decisiones tomadas por los líderes de los partidos socialdemócratas con relación a la Primera Guerra Mundial. Estos dirigentes decidieron otorgar su apoyo a la guerra imperialista, cuyos costos económicos cayeron sobre el conjunto de la clase obrera internacional, amén de lo que implica una incursión militar en términos de impulsar a la clase obrera hacia luchas intestinas en defensa de intereses que le son ajenos. ¿Qué enseñanzas podemos tomar de lo escrito por Lenin para observar el proceso venezolano en la actualidad?

En esa dirección pretende encaminarse este artículo que, haciendo uso de las herramientas teóricas que nos proporciona el método marxista, busca motivar la discusión en torno al carácter del Estado y el proyecto político y económico que encarna hoy el gobierno liderado por Nicolás Maduro y, en consecuencia, reflexionar respecto a la posición que aquellos que nos reclamamos marxistas, comunistas, revolucionarios, deberíamos tener frente al actual proceso bolivariano. Es por ello que no partiremos de discutir cuestiones referidas al ámbito de la legalidad burguesa, como es el caso de que si hubo o no fraude en las últimas elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, sino de discutir lo realmente importante: qué encarna hoy el proyecto bolivariano y cuál debería ser la posición del movimiento obrero internacional al respecto.

La alianza de la izquierda con el progresismo: necesidad de un balance estratégico

El proyecto bolivariano posterior a Chávez, al igual que el resto de las experiencias progresistas sustentadas en la estrategia de la unidad popular y el frente único interclasista, merece ser puesto en perspectiva y analizado críticamente. El caso venezolano destaca en el sentido de que, mientras mantiene un discurso “izquierdista” la práctica tanto política como económica no se corresponde con aquello que denuncia, promueve y defiende.

En su alianza con los elementos más “progresistas” de las burguesías locales, parte de la izquierda capituló no sólo en términos de principios, sino también en la práctica de lo que significaba la izquierda socialista – comunista que, según Marx, debe encarnar la crítica más despiadada de todo lo existente. Sin embargo, la izquierda autodenominada socialista y peor aún, algunas organizaciones comunistas de la región, han preferido cerrar los ojos para no ver. Han preferido ignorar y en muchos casos, señalar de “traidora y funcional al imperialismo” a la clase obrera organizada que, por izquierda y desde sus intereses de clase, ha planteado críticas profundas y válidas hacia los regímenes progresistas que, en esta segunda ola son cada vez menos progresistas.

Se ha priorizado la solidaridad con los gobiernos, aunque estos ya no encarnen el proyecto político-económico que alguna vez movilizó al pueblo trabajador, y no con la clase obrera que, organizada en mayor o menor medida, es quien encarna y sostiene los procesos, a la vez que soporta las políticas de ajuste. En el caso venezolano, estas políticas han sido implementadas por el gobierno, cada vez más autoritario y reaccionario, de Nicolás Maduro.

La falacia del discurso antiimperialista del gobierno venezolano

La categoría imperialismo se ha vulgarizado a tal punto que, actualmente, vaciada de contenido, ha pasado a utilizarse como comodín para justificar la represión de la clase obrera cuando esta se organiza para defender sus intereses y denunciar la entrega de recursos a explotadores. La interpretación maniquea de la geopolítica ha llevado a que se identifiquen “capitalismos buenos” frente a “capitalismos malos”.  La idea de capitalismos buenos o malos, representa no solo un retroceso en términos de la propia herencia que nos ha dejado el método marxista para interpretar y transformar las condiciones materiales de nuestra existencia, sino que además representa la capitulación de los movimientos de izquierda y revolucionarios hacia los intereses de la burguesía latinoamericana cuyo Estado nunca fue desmantelado. Es decir, estamos vivenciando un periodo en el que la autodenominada izquierda revolucionaria se encuentra presa de la ideología y la estrategia de la burguesía local y extranjera.

Si en realidad la izquierda pretendiera asumir el rol histórico de liderazgo de la clase obrera, necesita primero sacudirse los vestigios del pensamiento burgués para articular la lucha por el socialismo. Esto exige hacer uso del pensamiento crítico y dialéctico para interpretar la realidad y actuar en función de esta, y no quedar presos de nuestros deseos. Se trata de comprender que los procesos sociales no son irreversibles y que no están exentos de ser capturados por la ideología capitalista. Para reconocerlo, necesitamos superar esa ceguera pasional y voluntarista que limita la reflexión sobre el escenario en el que hoy se desarrolla la lucha de clases.

El gobierno liderado por Nicolás Maduro representa la síntesis de la degradación del proyecto bolivariano en manos de los elementos más autoritarios, reaccionarios y alineados a intereses económicos de las clases dominantes rentistas. El discurso antiimperialista utilizado para buscar alianzas con los “izquierdistas” más o menos incautos, es solo eso, una estrategia discursiva que no se ajusta a la realidad.

La política es la expresión concentrada de la economía, nos enseñaba Lenin. Esto es que, la política económica que aplican los gobiernos puede y de hecho nos da información respecto al proyecto político-económico que encarnan. Desde este punto de vista, analicemos algunos aspectos de la política económica del gobierno de Maduro, haciendo la salvedad de señalar que no ubicamos en la misma posición el liderazgo de Hugo Chávez que el de Maduro, más allá de la responsabilidad del primero en la descomposición futura del proyecto bolivariano.

La política entreguista y anti obrera del gobierno venezolano

La partida de Hugo Chávez puede considerarse como un punto de inflexión en la trayectoria del proyecto bolivariano. Y comprenderlo exige plantearnos dos preguntas fundamentales para avanzar, la primera es ¿qué hacer? Y la segunda, ¿con quiénes? En cada uno de los espacios nacionales de acumulación de capital, la economía, y con ella sus principales actores, se encuentran atrapados en la lógica de la acumulación capitalista mundial, la cual exige cumplir determinadas normas que garanticen la inversión de los capitales tanto locales como extranjeros.

En el caso venezolano, los sectores productivos vinculadas a áreas estratégicas como el sector energético (petróleos y derivados), el arco minero, hierro, acero, aluminio, transporte aéreo, marítimo, obras de infraestructura, etc., han venido profundizando su dependencia respecto a los grandes capitales transnacionales.

En la primera constituyente de 1999, el gobierno liderado por Chávez propuso (y lo logró) que la República se reservara el derecho de defender las actividades económicas de sus empresas nacionales. En la Constitución derivada de la mencionada constituyente, en su artículo 301 expresa que el Estado no podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales.

Durante el gobierno de Nicolás Maduro, en contravención del artículo 151 de la Constitución Nacional, se consintió volver a someter las diferencias entre el Estado y empresas transnacionales a los laudos arbitrales de mecanismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). A raíz de esto, en el 2022 un tribunal estadounidense autorizó la ejecución del laudo arbitral del CIADI en virtud del cual se condena a Venezuela a pagar 18.540 millones de dólares a la empresa Conoco Phillips, más los intereses.[2]

En 2017, con la Ley Constitucional de la Inversión Extranjera de 29 de diciembre, se concedió a los capitales extranjeros un cúmulo de privilegios no disponibles en igualdad de condiciones al capital local. El artículo 22 de dicha ley, atribuye a los capitales extranjeros condiciones favorables para la inversión (esto significa disponer toda la estructura estatal para garantizar la ganancia de estos sectores), así como beneficios o incentivos generales o específicos. Entre los que podemos citar los desgravámenes, amortización acelerada, compra de la producción por parte de los órganos del sector público, bonificación en impuestos, exenciones arancelarias y tributarias, condiciones crediticias especiales, tarifas especiales en servicios públicos, acceso preferencial a insumos y/o materias primas administradas por el Estado, plazo de duración de estabilidad tributaria, o cualquier otro beneficio dispuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela.[3]

Por lo anterior, podemos asegurar que la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva dispone todas las garantías que requieren los capitales extranjeros para facilitar la fuga de capitales. O lo que es lo mismo, constituye una verdadera sangría masiva de riqueza desde la clase trabajadora venezolana hacia los capitales extranjeros más concentrados. Análogamente, además de privilegiar de manera inconstitucional a capitales extranjeros, esta ley permite en su artículo 6 someter a los tribunales extranjeros de controversias (como es el CIADI), aquellas que ya hayan quedado resueltas por sentencia definitiva en tribunales venezolanos.[4]

Con este marco, el gobierno de Nicolás Maduro ha concedido a los capitales extranjeros, particularmente chinos, cinco Zonas Económicas Especiales (ZEE), respaldadas en la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales promulgada en julio de 2022 y que en su artículo 27 y subsiguientes, establece el régimen de incentivos para la inversión entre los que se destacan: a) reintegro tributario de exportación (DRAW BACK); b) reintegro tributario en materia de otros impuestos nacionales; c) los capitales que importen materias e insumos básicos para el desarrollo de su actividad contarán con mayores beneficios brindados por la legislación aduanera. Inclusive, se habilita la incursión de capitales bancarios en el territorio venezolano, en el marco de la ley ZEE, para desarrollar el sector de los servicios financieros. Estos estarán sujetos a un régimen fiscal excepcional y preferente.

En el año 2014 se creó la ZEE de Paraguaná en el estado de Falcón para el desarrollo de un polo tecnológico industrial con la particularidad de que, el porcentaje de la producción internalizada en el mercado estará exonerada de impuestos nacionales, así como contarán con todas las garantías fiscales. Entre las garantías se encuentra, por ejemplo, el reintegro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en un 100% durante los primeros cuatro años, mientras que, durante el quinto y el sexto año, la devolución será del 75% si la empresa logra mantener una exportación del 60% de su producción. La ley de ZEE coexiste con la Ley de Zona Franca y de Zona Libre (de libre comercio, por supuesto) [5]. También se encuentran habilitadas las ZEE de Puerto Cabello – Morón, la ZEE en La Guaira, en Margarita y en Isla La Tortuga. Estas cinco ZEE, se complementan con los Puertos Libres de Santa Elena y el de Nueva Esparta, las Zonas Libres en el estado de Mérida y la de Paraguaná, y las Zonas Francas de Paraguaná y la de Atuja.[6] Para quien no haya aún entendido, el madurismo ha entregado los recursos naturales, así como la fuerza de trabajo venezolana, para su explotación en manos de capitales locales y extranjeros bajo regímenes preferenciales que implican la liberalización económica en las zonas establecidas.

A las leyes que otorgan beneficios extraordinarios a los capitales extranjeros se añade la llamada “ley antibloqueo” que en realidad no es más que una ley que impulsa la privatización. En su artículo 28, por ejemplo, establece que se podrán realizar operaciones de compra y pago de bienes y servicios por fuera del marco legal vigente mediante procedimientos “excepcionales” diseñados por la Administración. Es decir, una absoluta discrecionalidad que habilita el camino para todo tipo de abusos y contravenciones. La ley “antibloqueo” no sólo favorece a los capitales locales que operan en territorio venezolano, sino, además, fomenta al capital extranjero para operar en el territorio. Análogamente, atribuye al sector privado facultades para generar alianzas con el sector privado (como es el caso de la Fede Industrias, por ejemplo y Fede Cámaras, la primera organizada por el propio gobierno y agrupa al sector privado empresarial y la segunda, otrora opositora, hoy se encuentra en alianza con el gobierno). Las disposiciones de la mencionada ley apuntan a la masiva reprivatización o devolución a sus presuntos propietarios de los bienes que hayan sido nacionalizados, expropiados, confiscados o cuyas concesiones hayan caducado, incluso aunque estas medidas hayan quedado firmes en tribunales venezolanos.[7]

Acogidos a la ley “antibloqueo”, el gobierno de Maduro dio inició a la devolución de los bienes y propiedades expropiadas durante el gobierno de Chávez. Entre los bienes devueltos al sector privado se encuentra, por ejemplo, el Centro Comercial El Sambil La Candelaria, en el centro de Caracas, propiedad de la familia Cohen, una de las más influyentes de América Latina. Así, fueron devueltas (indemnización de por medio) dos empresas colombianas (la Cementera Argos, cuyo capital de origen es estadounidense y es la cuarta compañía con mayor producción de insumos tras la unión comercial con Summit Materials y la Azucarera Ciamsa) que habían sido expropiadas entre 2006 y 2010. En este proceso, la Cámara de Comercio Colombo – venezolana ha jugado un papel central.[8]

La política de reversión de las expropiaciones realizadas por el gobierno de Chávez, incluye unas 1630 propiedades, entre las que figuran fincas, hoteles y más de 50 empresas. Entre los activos a ser devueltos, también figuran empresas operadas por el Estado, según las propias declaraciones del diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Diálogo  por el partido Acción Democrática, gracias a cuya intermediación han logrado la articulación entre el Estado y las principales cámaras empresariales.[9]

Es importante señalar en este punto que, una de las expropiaciones más relevantes realizada por el gobierno de Chávez fue el de la nacionalización de las asociaciones empresariales que operaban en el sector energético en la Franja Petrolífera del Orinoco, que contiene el 20% del total de reservas probadas de petróleo del mundo. Durante su gobierno se asignaron lotes para la explotación petrolera a empresas transnacionales bajo la modalidad de empresas mixtas. Entre las empresas se encontraban Chevron (EE. UU), Rosneft (Rusia), Total Energies (Francia), Eni (Italia) y Repsol (España). Producto de las sanciones estadounidenses, algunas de estas empresas decidieron abandonar la franja de explotación. Sin embargo, en noviembre de 2023 se cerraron acuerdos de explotación con empresas como Repsol, Ecopetrol, China Petroleum e Indian Oil, resultado del Acuerdo de Barbados, entre el gobierno de Maduro, la oposición y los Estados Unidos. No obstante, es importante mencionar que Estados Unidos amenazó con reanudar las sanciones dado el incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la oposición venezolana liderada por Corina Machado.[10]

Para no dejar de mencionar, la empresa refinadora Citgo, el activo extraterritorial más importante de Venezuela ubicado en los Estados Unidos, se encuentra a punto de ser rematada por tribunales norteamericanos luego de que, en 2019 Trump ordenara su confiscación como parte de pago de la deuda exigida por acreedores de PDVSA, entre los que se encuentran los bancos de Wall Street JP Morgan y Morgan Stanley, y asesores e inversores Rothschild & Co., y Elliot Investment Management, además de corporaciones como Vitol, Centerview Partners, Conoco Phillips e Industrias Koch. A las que se sumaron posteriormente aquellos tenedores de bonos de PDVSA (pues como podrán intuir, el gobierno venezolano había tomado la decisión de emitir títulos de deuda respaldados por PDVSA). Se contabilizaron 18 acreedores internacionales que demandan el cobro de alrededor de 21.300 millones de dólares.

En este punto, es importante recordar que en 2016 el gobierno de Nicolás Maduro lanzó el programa Bono 2020 poniendo como garantía de pago el 51% de las acciones de Citgo. El 49% restante fueron ofrecidas como garantía de pago al crédito otorgado por la compañía rusa Rosfnet. Todo con el fin de  apalancar el déficit. Citgo Petroleum Corporation es una de las empresas más importantes que opera en el sector energético en los Estados Unidos y se encuentra valorada en 13 mil millones de dólares, bajo su cartera se encuentran operativas tres refinerías ubicadas en los estados de Texas, Luisiana e Illinois.[11]

Entonces, ¿el capitalismo “malo” es solo el capitaneado por los yanquis? Los comunistas tenemos claro que no. Los mecanismos de apropiación de recursos por parte de los capitales más concentrados y hegemónicos, adoptan las estrategias más diversas para hacerse con los recursos disponibles en los territorios que constituyen su zona de influencia. Es claro que en Venezuela existe una disputa por el dominio de los recursos naturales por parte de los capitales tanto estadounidenses como chinos y rusos. La diferencia radica en que el gobierno venezolano se ha alineado con los intereses de estos capitales, profundizando la especialización productiva del país mediante una fuerte dominación por el mecanismo de la deuda.

El capital chino es medular para Venezuela, sin embargo, es insuficiente para echar a andar al conjunto de la economía. De ahí la necesidad de diversificar el origen de los capitales que operan en el territorio. El capital chino es predominante en sectores primarios, específicamente en la explotación de oro, hierro y otros minerales estratégicos, además del sector petrolero, también es predominante su posición en el área militar y la defensa.

Asimismo, los capitales chinos se han visto beneficiados con jugosos contratos con el Estado para desarrollar inversiones productivas que nunca se concretaron. La investigación realizada por Reuters Investigates en el 2019, evidenció el caso de una planta de arroz cuya inversión fue de 200 millones de dólares. El acuerdo con la empresa china CAMC Engineering Ltda consistía en desarrollar plantas arroceras que supuestamente generarían más de 100 mil empleos, algo que nunca ocurrió. Los únicos beneficiados fueron los empresarios chinos, quienes recibieron por parte del Estado al menos 100 millones de dólares para el proyecto del arroz y al menos el 40% del valor del contrato para los otros cuatro desarrollos productivos que suman alrededor de 1.400 millones de dólares por trabajos que nunca se concretaron.[12]

Desde la asunción de Maduro al poder, el Banco Central de Venezuela ha dejado de publicar estadísticas oficiales sobre el desempeño de la economía (ni se publican otros indicadores socioeconómicos), por lo que no existen datos confiables para dar cuenta del nivel de endeudamiento. Sin embargo, algunos expertos la ubican entre los 120 mil y 200 mil millones de dólares. China es el mayor acreedor de Venezuela, dado que, en la última década, buena parte de las exportaciones petroleras se dirigieron a China en el marco del acuerdo vigente en el que se intercambian créditos por petróleo. Cualquier persona con un atisbo de racionalidad, comprende que la deuda es hoy uno de los principales mecanismos de dominación.[13]

El pago de los servicios de la deuda con China representa anualmente entre 5.500 y 6.000 millones de dólares del PIB. Esta situación ha llevado a que, presionado por el aumento de la deuda y la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales, sumado al colapso de una economía cuyo principal sector, el petrolero, lleva varios años de estancamiento y recesión, se implementen políticas de ajuste brutales cuyo impacto recae principalmente sobre la clase obrera venezolana. Con lo anterior no decimos que no exista una guerra económica ni que las sanciones impuestas a Venezuela por parte del imperialismo estadounidense sean producto de la imaginación. Sino que, simplemente, no explican por sí mismas la complejidad que encarna hoy el proyecto bolivariano ni la grave crisis en la que se encuentra sumergida la economía venezolana y, por supuesto, la decadencia del gobierno liderado hoy por Nicolás Maduro.

La crisis económica no es resultado únicamente de las sanciones internacionales, aunque estas jueguen un papel importante. Lo que debe cuestionarse es la política económica implementada en una economía que depende casi totalmente de la renta petrolera, así como la política fiscal que se ha aplicado en el sector. ¿Qué significa? Nada más que, cualquier variación en el precio del petróleo en el mercado financiero internacional que no se vea compensada por el volumen de las exportaciones inexorablemente se traslada al conjunto de la economía. Y desde hace ya varios años, la producción petrolera ha venido cayendo en picada, lo que se observa en que de una producción de 3.120.000 barriles por día producidos en 1998, se pasó a 732.000 barriles por día en marzo de 2019.[14]

Como puede verse, el volumen de las exportaciones es una de las variables más críticas de una economía rentista como es la venezolana. Los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), expuestos en el informe del 2019, señalaban que el número de taladros activos en Venezuela ha venido reduciéndose paulatinamente durante la última década, disminuyendo, por tanto, la capacidad de extracción del crudo, afectando la productividad de los pozos. En el 2016 el reporte de la OPEP señalaba que en Venezuela estaban activos 58 taladros, para el 2018 el número se redujo a 32 y a diciembre de 2019 solamente se encontraban operativos 25 taladros, lo que llevó a Venezuela a pasar de la sexta posición en la lista de principales productores de petróleo, al décimo lugar, por debajo de países como Argelia, Libia y Angola.[15]

Es importante no dejar de mencionar que, en el caso del mercado petrolero, este se encuentra determinado tanto por las rigideces del mercado, incapaz de reaccionar ante desequilibrios dando lugar a saltos desproporcionados en torno a la oferta y la demanda, como por las dinámicas geopolíticas y los movimientos especulativos del capital financiero. Todos estos componentes (en términos de Jorge Beinstein) forman parte de un “proceso entrópico más amplio” que abarca al conjunto de la economía mundial [16] y cuya superación exige necesariamente, la superación del orden social burgués.

Es necesario hacer hincapié en este punto: lo que está en crisis en Venezuela no es el socialismo (que no existe ni siquiera en términos de horizonte) sino el capitalismo rentista cuya matriz productiva no ha sido superada. El problema con el capitalismo rentista como es el caso de la economía venezolana y cualquiera que se sustente en la apropiación de la renta del suelo, es el hecho de que existen límites físicos para el aumento de la producción, lo que conduce inevitablemente a una tendencia decreciente en la producción de commodities y, por consiguiente, en una disputa cada vez mayor y mucho más brutal por la apropiación de la renta de la tierra por parte de los capitales que operan en el espacio nacional.

De hecho, entre los principales mecanismos de transferencias de valor desde la clase obrera hacia los capitales se encuentra el tipo de cambio. Recordemos que el gobierno mantiene una política monetaria basada en la permanente devaluación y control del tipo de cambio. El bolívar se ha depreciado en un 9.411.764.705.782%, mientras que los precios se incrementaron en 1.665.941.969.593%. Tan solo entre el 2012 y el 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) registró una caída del 75%, siendo el nivel más bajo de la producción en la historia reciente de Venezuela. Como mencionábamos, la dolarización de facto se expresa en el hecho de que el dólar ha venido sustituyendo al bolívar como moneda de cambio y reserva de valor. Análogamente, el poder adquisitivo de la clase obrera ha caído en un 91% entre el 2013 y el 2022, este deterioro del salario se vio acompañado por el aumento de la pobreza y pobreza extrema. Hoy, el salario mínimo en Venezuela no supera los 7 (siete) dólares, mientras la canasta básica para un hogar de 5 personas se estima en 384 dólares y la canasta alimentaria en 192 dólares. Pero la crisis de la economía venezolana no afecta a todos por igual, por el contrario, también hay ganadores. El deterioro del salario real implicó un aumento en los niveles de ganancia para los capitales, mientras más se deteriore el valor de la fuerza de trabajo, más ganancias perciben los capitales.[17]

Las revoluciones inconclusas, y la exclusión de la clase obrera de los espacios de dirección, control y decisión, devienen en proyectos políticos y económicos reaccionarios y regresivos, producto de la propia agudización de la lucha de clases. Lo que explica que el gobierno de Nicolás Maduro haya adoptado políticas que han venido desmantelando las conquistas de la clase obrera y desarrollado un carácter cada vez más autoritario que se traduce en la persecución de dirigentes sindicales y proscripción de partidos políticos de oposición, tanto de derecha como de izquierda, como ha sido el caso del Partido Comunista de Venezuela (PCV), víctima de la intervención por parte del PSUV, del secuestro de su tarjeta electoral y del asesinato de seis de sus militantes durante su gobierno.

Precisamente, en mayo del 2023, el Comité Central del PCV denunciaba que militantes del PSUV, bajo la dirección de Maduro, realizaron un falso congreso para promover la intervención del PCV, como parte de una nueva fase en la política de asalto que ya había iniciado tras la profundización en la línea de confrontación entre el gobierno y el PCV resultado de las políticas anti obreras, anti populares y anti nacionales. En el 2018, en el marco de la Conferencia Nacional, Nicolás Maduro había firmado un compromiso con la militancia comunista que nunca fue aplicado, por el contrario, posterior a esas elecciones (y luego de ondear la bandera comunista), Maduro no volvió a conceder una sola reunión a la dirección del PCV. Junto al incumplimiento de los 19 puntos que contenía el acuerdo se desplegó una línea de censura, cerco mediático, persecución, encarcelamiento y desaparición de militantes comunistas que no se alineaban al gobierno del PSUV bajo la dirección de Diosdado Cabello, financiando la conformación de grupos mercenarios con recursos públicos, para hacerlos pasar como “militantes”.[18]

El régimen madurista se ha caracterizado por el autoritarismo, persecución y políticas de ajuste que han desmantelado lo poco que quedaba del proyecto bolivariano impulsado por Chávez. La debacle moral e ideológica del madurismo se expresa en la proscripción de la izquierda para que no pudiera presentar candidaturas que realmente representasen los intereses de la clase trabajadora. Organizaciones como Tupamaros, Marea Socialista, Partido Socialismo y Libertad, la Corriente Patria para Todos, el Movimiento Popular Alternativo, y el Partido Comunista de Venezuela, no pudieron participar de las elecciones dadas las restricciones a las más mínimas libertades democráticas.

En el plano de la materialidad, la clase trabajadora venezolana se enfrenta a la escasez, hiperinflación, una dolarización de facto de la economía y un salario desplomado que no alcanza a cubrir las necesidades mínimas para garantizar su subsistencia. Las políticas económicas implementadas por Maduro han conducido a una migración sin precedentes generando una de las mayores crisis migratorias en la región, con más de 7.7 millones de refugiados, de los cuales 6.5 millones fueron acogidos en países de la región, según lo reflejan las estadísticas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).[19]

Es por todo esto que no podemos estar en la línea defensiva del proyecto político-económico del actual gobierno venezolano que, en los últimos años no sólo no ha dado muestras de intenciones hacia el desmantelamiento del Estado oligárquico burgués y de la superación del carácter rentista de su economía (ni hablemos del modo de producción capitalista). Sino que, fundamentalmente, ha venido implementando políticas de ajuste que han deteriorado las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora venezolana. Al tiempo que ha desarticulado y debilitado de manera sistemática la organización de la clase obrera, disciplinando y ordenando la vida política en función de los intereses de las clases dominantes al punto de que hoy, no exista un proyecto político – económico lo suficientemente cohesionado y fuerte que permita disputar por izquierda, el curso de la formación social venezolana.

Entre el conjunto de medidas económicas que dan cuenta del carácter regresivo del gobierno, podemos señalar la política salarial que ha destruido salarios, las convenciones colectivas y desarticulado los derechos laborales de trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Las políticas de liberalización económica en beneficio de los capitales locales y extranjeros, que se traducen en las diferentes leyes de zonas económicas especiales, libres y francas, así como en la ley de maquilas, entre otras, forman parte de dichas medidas.

Llegados a este punto, y para no extendernos más (aunque pudiéramos) lo que se observa hoy es la derrota política e ideológica de la izquierda, la ausencia de un proyecto político económico de clase, independiente. En definitiva, la bancarrota de una izquierda “progresista” que se tapa los ojos para no ver. Lo que nos queda a las fuerzas que nos reclamamos revolucionarias es la alineación y la solidaridad irrestricta con la clase obrera venezolana organizada y en lucha ante la ofensiva del capital, encarnado hoy en el gobierno de Nicolás Maduro, en la Mesa de la Unidad Democrática liderada por actores nefastos como Corina Machado que, entre otros, disputan para sí la renta petrolera.

Las fuerzas que se reclaman revolucionarias, de izquierda, deben sacudirse y dar por terminado el pacto político, estratégico e ideológico con la pequeña burguesía “progresista” para pasar a la defensa de los intereses de la clase obrera porque gobierne quien gobierne, los intereses de clase se defienden.

Alhelí Cáceres es economista. Máster en Ciencias Sociales con especialización en Desarrollo Social e Investigación. Doctoranda en Economía en el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay y de la Sociedad de Economía Política de América Latina y el Caribe. Integrante del GT de CLACSO Crisis y Economía Mundial. E-mail: caceresalheli06@gmail.com

Fuentes consultadas

[1]Lenin (1915). La bancarrota de la Segunda Internacional. Accesible en: https://goo.su/iuN6a

[2] Britto, L. (2023). Nuevas bases jurídicas de la economía venezolana. En Curcio, P. Debate sobre la economía venezolana. Pág. 145-156. Caracas: Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América Latina.

[3] Ibidem.

[4]Gobernación de Falcón (03 agosto 2024). Zona Económica Especial de Paraguaná. Un nuevo escenario que se abre al Caribe. Accesible en el siguiente enlace: https://goo.su/cPrVQsL

[5]SENIAT (03 agosto 2024). Regímenes Territoriales Especiales Vigentes en Venezuela. Accesible en: https://goo.su/PsmbY95

[6] Britto, L. (2023). Nuevas bases jurídicas de la economía venezolana. En Curcio, P. Debate sobre la economía venezolana. Pág. 145-156. Caracas: Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América Latina.

[7]Infobae (05 agosto 2024). Régimen de Venezuela indemnizará a dos empresas colombianas que fueron expropiadas por el chavismo. Accesible en https://goo.su/iUihI

[8]Tal Cual (05 agosto 2024). Maduro revierte el “exprópiese” de Chávez devolviendo empresas. Accesible en https://goo.su/W7aiRY

[9]El País (05 agosto 2024). Venezuela llega a acuerdos con media docena de petroleras internacionales tras el fin de las sanciones. Accesible en https://goo.su/SqzMr

[10]La Izquierda Diario (05 agosto 2024). Rapiña Imperialista. Por qué está la empresa venezolana Citgo a las puertas de un remate compulsivo. Accesible en https://goo.su/34apZi

[11]Reuters Investigates (05 agosto 2024). Ejecución engañosa. Cómo un negocio chino cosechó millones mientras crecía el hambre en Venezuela. Accesible en https://goo.su/uw5vP

[12]France 24 (03 agosto 2024). Nicolás Maduro busca en China soluciones para apaciguar la crisis económica de Venezuela. Accesible en: https://goo.su/Rah1rA

[13]Encyclopédie de I’énergie (03 agosto 2024). Venezuela: El petróleo y el Socialismo del Siglo XXI. Accesible en: http://surl.li/ajfcua

[14] Ibidem

[15]El Periódico (03 agosto 2024). Seis razones que explican la decadencia petrolera venezolana. Accesible en: https://acortar.link/r3ZBTw

[16]Beinstein (2014). Crisis petrolera y declinación sistémica mundial. Accesible en: http://surl.li/hfwohu

[17] Curcio, P. (2023). Las contradicciones económicas en la Revolución Bolivariana. En Curcio, P. (ed). Debate sobre la economía venezolana. Pág. 221-248. Caracas: Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América Latina.

[18]People’s World. The Daily Worker (05 agosto 2024). Venezuela: Gobierno intenta crear un falso PCV subordinado a su política neoliberal. Accesible en https://onx.la/60b9c

[19]ACNUR (05 agosto 2024). Situación de Venezuela. Accesible en https://onx.la/ee551