La imagen utilizada es una fotografía del retablo realizado por el artista Edilberto Jiménez inspirado en la masacre del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho.
Fuente: https://huamangazo.pe/15-de-diciembre-el-documental-el-retablo-de-mi-protesta-se-estrena-en-ayacucho/
Por Sebastián Sarapura Rivas
El pasado 9 de enero se cumplieron dos años de la masacre perpetrada por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ciudad de Juliaca, región de Puno. La violenta represión, ejecutada bajo el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, dejó un saldo trágico de 18 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, todos alcanzados por disparos de la PNP. Entre las víctimas mortales había ciudadanos que no participaban directamente en las protestas, incluidos dos menores de edad: Brayan Apaza Jumpiri, de 15 años, y Elmer Zolano Leonardo Huanca, de 16.
La masacre de Juliaca se enmarca en la represión del ciclo de movilización popular que tuvo lugar en el Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, tras la destitución y el encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre estos hechos, la represión de las protestas se caracterizó por un uso desproporcionado y letal de la fuerza que provocó la muerte de al menos 49 personas.[1]
La destitución —o vacancia, como se la conoce en el Perú— de Castillo fue la respuesta del Parlamento a su tentativa de disolver este poder del Estado, una medida desesperada frente a su creciente aislamiento político y la ofensiva de los partidos de derecha, particularmente del fujimorismo. Aunque Castillo no adoptó ninguna política antineoliberal relevante y, en la práctica, abandonó el programa de gobierno por el cual había sido elegido, la derecha parlamentaria —representante de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad— se organizó para destituirlo desde el inicio de su mandato en 2021.
A pesar de sus evidentes particularidades, la destitución de Castillo guarda similitudes con otras destituciones presidenciales ocurridas recientemente en Perú. La mayoría de estos episodios parecen tener su origen en la correlación de fuerzas adversas que enfrentan los presidentes electos. Las constantes crisis políticas desde 2016 comparten un elemento en común: el enfrentamiento entre los representantes del poder ejecutivo y legislativo. Este conflicto se ha producido incluso cuando ambos poderes están encabezados por partidos de derecha y que, a pesar de sus diferencias, tienden a coincidir en la manutención de las políticas neoliberales vigentes en Perú desde hace más de dos décadas.
Al igual que Castillo en 2021, Pedro Pablo Kuczynski, exministro de Economía de varias gestiones neoliberales y destacado lobista a quien, por lo tanto, no se puede acusar de ser de izquierdas, fue destituido en diciembre de 2017, tras solo un año de gobierno, bajo la acusación de “incapacidad moral”. Su sucesor y vicepresidente, Martín Vizcarra, también fue destituido en noviembre de 2020 bajo la misma figura legal. Esta última destitución desató cinco días de intensas movilizaciones, principalmente en la capital del país. La cruenta represión de esas protestas dejó como saldo la muerte de dos jóvenes: Inti Sotelo, de 24 años, y Bryan Pintado, de 22.
Como se sabe, las protestas realizadas en la capital y otras ciudades del país forzaron la renuncia del presidente encargado, Manuel Merino, quien antes había presidido el Congreso y asumió por eso el gobierno de manera interina con el respaldo del fujimorismo y otras fuerzas de derecha tras la caída de Vizcarra. Merino fue sucedido por Francisco Sagasti, un congresista de derecha liberal, que intentó buscar un consenso entre ejecutivo y legislativo sin mucho éxito durante el breve tiempo que estuvo en funciones (2021-21). Así, entre 2016 y 2023, Perú ha tenido un total de seis presidentes —¡casi un presidente por año!— de los cuales solo cuatro llegaron al cargo por sucesión constitucional.
A pesar de la estabilidad económica y del crecimiento sostenido en ciertos períodos —impulsados principalmente por el alza de los precios del cobre—, la sociedad peruana sigue enfrentando altos niveles de pobreza, desigualdad, desnutrición crónica y falta de acceso a servicios básicos para la mayoría de su población. Las empresas peruanas más competitivas en el mercado mundial se concentran en la extracción de minerales y en la producción de alimentos, principalmente de origen agrícola y, en menor medida, procedentes de la pesca industrial, destinados todos a satisfacer la demanda de mercados como el estadounidense, el chino y el europeo. Otra fracción relevante del capital corresponde a los conglomerados financieros, que gestionan una amplia gama de inversiones y que, desde hace décadas, obtienen ganancias extraordinarias aprovechando la cada vez más aguda privatización de la salud y la educación públicas, así como el nicho abierto con el desmantelamiento del sistema público de pensiones en los años noventa.
Al margen de los sectores formales, en el Perú se desarrolla una extensa economía informal que absorbe a la mayoría de la población económicamente activa (PEA). Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 73,5 % de los trabajadores peruanos se desempeña en este sector. El crecimiento de dicha economía —compuesta por emprendimientos capitalistas que evaden sistemáticamente la legislación tributaria, laboral y otras normativas para sobrevivir en el mercado— es consecuencia directa de dos factores interrelacionados. Por un lado, la especialización productiva en materias primas para la exportación, impuesta por la división internacional del trabajo consolidada en la década de los noventa. Por otro, el aumento de la población sobrante para el capital, un fenómeno particularmente pronunciado en países como el Perú, donde la producción industrial orientada al mercado interno perdió rentabilidad. Esta dinámica ha acelerado la expansión de actividades económicas de aún menor productividad o que, cuando son altamente productivas, como la minería transnacional, emplean escasa fuerza de trabajo.
La expansión de la informalidad está estrechamente vinculada a la proliferación de actividades económicas que operan completamente al margen de la ley y bajo lógicas lumpen. La estabilidad de la moneda peruana, defendida por los liberales como un indicador excepcional de la buena salud de la economía que contrasta con la inestabilidad de otros países latinoamericanos, coexiste con la expansión del trabajo análogo a la esclavitud en la producción textil, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de drogas y la trata de personas. Todas estas actividades, como lo demuestra la promulgación de leyes diseñadas a su medida, adquieren un peso cada vez más significativo en el ámbito político.
La creciente degradación social y la inestabilidad política de los últimos años resultan incomprensibles si se pierde de vista aquellas particularidades del capitalismo peruano que definen, a su vez, a las de su clase dominante. Como han comenzado a señalar diversos agrupamientos de izquierda, las recientes crisis políticas tienen en gran medida su origen en el choque de intereses entre los sectores empresariales más concentrados y transnacionalizados, por un lado, y los sectores emergentes de menor escala y productividad, por otro, particularmente en el ámbito informal. De acuerdo con esta hipótesis, la competencia por el control del Estado —especialmente entre partidos de derecha— se explicaría por el crecimiento y la irrupción de estos últimos, que en las últimas dos décadas han financiado o fundado nuevas fuerzas políticas para ampliar su influencia.
Aunque las contradicciones entre estos sectores son evidentes, en cuestiones esenciales, como la legislación laboral —el marco regulatorio de la compra y venta de la fuerza de trabajo—, no existen diferencias de fondo. De hecho, aunque sus representantes políticos parecen librar una guerra sin cuartel desde al menos 2016, disputándose cada milímetro del gobierno, esa confrontación no altera su coincidencia en la defensa del mismo orden económico. En última instancia, no son más que ‘hermanos enemigos’ que, pese a sus rivalidades, comparten una misma trinchera. Su horizonte sigue siendo preservar un sistema que, aunque sujeto a disputas internas, beneficia a ambos.
En la raíz del problema podría encontrarse la creciente desregulación económica, un proceso que se ha venido profundizando desde los años noventa y que tiende a intensificar igualmente la competencia política. En paralelo a la proliferación de emprendimientos capitalistas de pequeña escala, en las últimas décadas hemos asistido a un aumento sin precedentes en la oferta de partidos políticos en los procesos electorales. Como reflejo de esta tendencia, el número de partidos en competencia ha experimentado un notable crecimiento: según el Jurado Nacional de Elecciones, en las elecciones generales de 2026 podrán participar al menos 60 partidos, seis veces más que en los comicios de 2001. Este incremento no debe considerarse un dato menor cuando se busca explicar la intensificación de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como la creciente inestabilidad política en general.
La destitución de Castillo se inserta dentro de estas tendencias, aunque presenta importantes particularidades. En primer lugar, la inmensa mayoría de los trabajadores peruanos vio en su elección una alternativa real de cambio frente a décadas de neoliberalismo. Sus orígenes como dirigente de una corriente sindical antiburocrática en el magisterio y presentarse como miembro de las rondas campesinas cajamarquinas fue un factor clave en el respaldo popular que recibió su gobierno. A pesar de que su gestión se caracterizó por una postura conciliadora, la adhesión popular a su figura, debido a sus orígenes, se mantuvo y fue el principal estímulo de la respuesta popular frente a su destitución.
La intensidad de las movilizaciones entre 2022 y 2023 es una clara expresión de esto. La vacancia y el encarcelamiento de Castillo fueron percibidos por los sectores movilizados como una afrenta a su participación en la democracia, mostrando que, en el Perú, esta no pasaba de una caricatura. La brutal represión estatal también confirmó trágicamente esa realidad.
Sin embargo, no es el único factor determinante. La radicalidad de las movilizaciones tiene su origen en el aumento del costo de vida y la degradación social de décadas que afecta principalmente a la población de las regiones del sur andino y de las zonas periféricas urbanas, las mismas que se vieron agudizadas por la profundización de la crisis mundial, la guerra en Europa y la pandemia. De hecho, durante el gobierno de Castillo ya se habían registrado movilizaciones relacionadas con el alza de los combustibles o el precio de los fertilizantes, cuya represión también dejó víctimas fatales.
Con todo, y a pesar de estas contradicciones, no cabe duda de que el detonante de las movilizaciones de 2022 y 2023 fue la destitución de Castillo. Este hecho explica, en gran medida, por qué el movimiento popular adoptó desde el inicio y de manera mayoritaria reivindicaciones de carácter político. Aunque las consignas no fueron completamente homogéneas, entre las más destacadas se encontraban el pedido de nuevas elecciones generales —sintetizado en la consigna “que se vayan todos”—, la exigencia de una asamblea constituyente, la restitución y liberación de Castillo, así como la demanda de libertad para otros perseguidos políticos bajo el gobierno de Boluarte.
La inmensa mayoría de los partidos de izquierda, incluidos aquellos con representación en el parlamento, como Perú Libre, el partido por el cual Castillo fue electo, se mantuvo a la zaga de las iniciativas de las organizaciones surgidas fuera de la capital, especialmente en el sur andino del país. Al sumarse tardíamente, tuvieron una participación casi nula en las acciones de lucha más decididas, como los bloqueos de carreteras y la ocupación de los predios de algunas instituciones públicas y privadas. Por su parte, la dirigente y excandidata presidencial de la coalición progresista Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, no tardó en reconocer a Dina Boluarte como presidenta y solo denunció a su gobierno cuando la represión se tornó absurdamente cruenta y explícita.
Esa brutal represión estatal se explica como una medida preventiva contra el posible desarrollo del movimiento contestatario surgido en el interior del país, opuesto a todos los partidos de derecha y ajeno a la izquierda institucional. La renuncia de Boluarte, aunque no implicara la plena realización de las principales reivindicaciones populares, habría sido vista como una derrota para la derecha en su conjunto y un factor que sin duda fortalecería a la organización popular independiente, impulsando la proyección de sus dirigentes en el escenario político nacional. De ahí la ferocidad con que se combatieron las movilizaciones, el uso letal de la fuerza y la persecución política y judicial que continua contra activistas y dirigentes que participaron en las protestas.
La masacre de Juliaca, junto con las perpetradas en Ayacucho, Apurímac y otras ciudades peruanas entre 2022 y 2023, permanece en la impunidad, a pesar de las denuncias de organismos internacionales como la CIDH. Los procesos judiciales iniciados por los familiares de las víctimas han recibido escasa atención o apoyo por parte de la izquierda institucional, más preocupada por futuros procesos electorales. Queda claro que esta no constituirá una alternativa a la debacle neoliberal, y que tampoco tiene condiciones para impulsar una lucha decidida en favor de las libertades democráticas, hoy constantemente atacadas en Perú. Es en las redes de solidaridad surgidas en el último ciclo de movilización —integradas por colectivos juveniles, las federaciones estudiantiles universitarias, artistas e intelectuales de izquierda, asociaciones de mártires y algunos pequeños grupos de radicales de izquierda— donde se vislumbran las bases para una alternativa democrática y socialista.
La tarea inmediata de este movimiento es derrotar al gobierno autoritario de Dina Boluarte y a la coalición cívico-militar que lo respalda. Esto implica retomar las movilizaciones hasta lograr su renuncia, exigiendo además su enjuiciamiento y el de todos los responsables políticos y militares de los crímenes cometidos durante su gestión. El cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones generales deben ser una consecuencia de la movilización contra estos crímenes, y no un fin en sí como plantean la mayoría de organizaciones de la izquierda institucional. También es fundamental la lucha por la liberación, no solo de Pedro Castillo, sino de todos los dirigentes sociales que enfrentan juicios infames y burdas acusaciones de terrorismo por su participación en las protestas.
Estas reivindicaciones democráticas solo se alcanzarán si se articulan con las luchas en curso de otros sectores de la clase trabajadora que no participaron directamente en las recientes movilizaciones, debido fundamentalmente al abandono del trabajo de base por parte de las organizaciones de izquierda en las últimas décadas. Un desinterés que, dicho sea de paso, no es casual, pues forma parte de una opción consciente que prioriza la disputa dentro de las instituciones del Estado. El proletariado de la gran minería, que a lo largo del siglo XX se destacó por su combatividad y elevada conciencia política, puede y debe integrarse en una posición dirigente en las luchas inmediatas del pueblo peruano, ya que su posición en la producción le otorga una ventaja estratégica frente a la dominación política y económica de los capitalistas y sus representantes políticos.
La lucha por las libertades democráticas no es un fin en sí misma, sino un momento en el desarrollo de la organización obrera independiente, que puede, en un periodo breve de tiempo, plantearse decididamente la lucha por el socialismo. La unidad de la clase trabajadora y de todos los oprimidos contra el régimen de Boluarte puede ser el catalizador que, superando los impases organizativos y la represión del actual periodo, dé lugar a un movimiento capaz de sentar las bases para constituirse en el partido que exprese los intereses históricos de los trabajadores y adopte como perspectiva estratégica la expropiación de los expropiadores.
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales, 2023.
