El ocaso de la AFP en Perú. Primera parte: los orígenes

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Daniel Monnet

La implementación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el Perú formó parte de un conjunto de reformas “pro mercado” promovidas por el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Estas políticas coincidieron con un contexto internacional en el que las conquistas sociales de los trabajadores estaban siendo erosionadas desde, al menos, los años ochenta. En muchas partes del mundo, los grandes capitales se fortalecieron al mismo tiempo que sindicatos y movimientos obreros perdían fuerza. Como resultado, las empresas extendieron las jornadas laborales, aceleraron los ritmos de trabajo y redujeron los salarios reales. Así, aumentó la explotación de la fuerza de trabajo mientras se desmantelaban las protecciones sociales que habían costado décadas de lucha obrera.

La ofensiva neoliberal no fue pacífica ni consensuada, sino el resultado de una verdadera guerra de clases. En el centro de esta lucha está el costo que el capital debe pagar para mantener viva su principal fuente de riqueza: la vida de los trabajadores y sus familias. Ese costo incluye no solo el salario directo, sino también otros gastos necesarios como atención médica pública, educación, pensiones, vivienda social, entre otros. Podemos pensar en estos como costos de reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, gastos que garantizan la existencia de individuos en condiciones adecuadas para vender su capacidad de trabajar hoy y en el futuro inmediato.

Un ejemplo de la ofensiva capitalista para reducir los costos de reproducción son las sucesivas olas de privatización de servicios esenciales como el agua potable o el transporte público, antes garantizados por el Estado. Cuando empresas privadas toman control de estos servicios, el costo para las familias sube. En muchas ciudades importantes del mundo se redujo drásticamente la inversión pública en vivienda social, dando paso a la expansión de proyectos inmobiliarios especulativos. Como es evidente, esto encarece los alquileres y las viviendas, dificultando enormemente el acceso a una vivienda digna.

No es casualidad que, simultáneamente, desde finales de los años setenta, hayan surgido líderes y políticas que personificaron la ofensiva del capital contra los trabajadores. En el Reino Unido de los años ochenta, Margaret Thatcher aplicó un programa masivo de privatizaciones. La “dama de hierro” de la burguesía vendió empresas públicas emblemáticas como British Telecom y British Gas, cerró minas de carbón y redujo los impuestos a los ricos. Al mismo tiempo, debilitó a los sindicatos (por ejemplo, enfrentando con dureza la huelga de los mineros) y recortó los beneficios sociales para el desempleo y la salud. Todo ello buscaba liberar recursos del Estado hacia los bolsillos de los inversores privados.

En Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet en la misma época, las reformas neoliberales se llevaron al extremo. En 1982 se instituyó un sistema de pensiones completamente privado (Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), desplazando al Estado como garante de las jubilaciones. Además, se privatizó el sistema de salud y se introdujo un sistema de vales para la educación, de modo que muchas escuelas pasaron al control privado. En la práctica, los ciudadanos tuvieron que empezar a pagar más por su salud y educación, aumentando el costo de vida mientras las ganancias de los nuevos dueños de esos negocios se multiplicaban.

Estos casos, a su vez, sirvieron de modelo para el proceso en el Perú. Ya en los primeros años de la década de 1990, el gobierno de Fujimori aplicó medidas similares tras una crisis económica y social muy grave. En los años previos, el Perú sufrió una hiperinflación histórica, aumento de la pobreza y un violento conflicto interno entre el Estado y grupos insurgentes.

Aunque hoy reniegue del estatismo, la burguesía local, en su mayoría poco competitiva, había llevado al país a esta situación al proteger excesivamente a empresas ineficientes. Paradójicamente, ese mismo modelo facilitó a algunos sectores obreros condiciones de estabilidad laboral que promovieron su organización y la garantía de ciertas conquistas importantes; sin embargo, en la medida en que esas medidas se subordinaban sobre todo a la reproducción de capitales ineficientes, su extensión nunca fue verdaderamente masiva ni podría haber sido sostenible en el tiempo.

A fines de los años ochenta quedó claro que ese modelo económico basado en el proteccionismo estatal se había agotado. La economía no crecía, los estratos populares se empobrecían y la conflictividad social aumentaba. En ese contexto de crisis, los defensores del neoliberalismo culparon a las políticas estatistas anteriores de todo, ignorando que el colapso económico fue una consecuencia de políticas que se gestaron en beneficio de los capitalistas con intereses en el mercado interno. Una vez que este modelo se agote, la crisis será colocada sobre las espaldas de los trabajadores como ocurrió en otros países.

En el Perú, como en casi todas partes, la ofensiva del capital contra el trabajo se dio en medio de un escenario especialmente autoritario. En 1992, Fujimori disolvió el Congreso y concentró el poder en el Ejecutivo y el ejército. Este golpe político se combinó con un paquete de medidas económicas de corte neoliberal, auspiciadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Repentinamente se lanzó una oleada de privatizaciones de empresas estatales (desde minas hasta bancos y servicios públicos), se despidió masivamente a empleados públicos, se aprobaron leyes para flexibilizar las condiciones de trabajo y se abrió la economía a la inversión extranjera.

Todo esto ocurrió al mismo tiempo que se libraba un enfrentamiento entre el Estado peruano y grupos como Sendero Luminoso o el MRTA, lo cual fue usado como excusa para justificar una represión feroz contra la clase obrera y los partidos de izquierda, a pesar de que estos rechazaran abiertamente las acciones armadas como método principal de lucha. En ese ambiente, los sindicatos fueron perseguidos, líderes obreros y opositores fueron arrestados o incluso desaparecidos, y la prensa crítica fue silenciada. La idea era impedir cualquier resistencia organizada mientras se cimentaban las reformas derivadas de un golpe.

Entre las medidas más controvertidas figuró la reforma del sistema de pensiones. Hasta 1992, el Perú tenía un sistema público de reparto en el que todos los trabajadores aportaban a un fondo común que pagaba las jubilaciones. Sin embargo, el gobierno dictatorial argumentó que ese sistema estaba colapsado. Decía que tenía demasiada burocracia y un peso administrativo muy alto, mientras las jubilaciones reales habían caído drásticamente (se hablaba de una caída cercana al 70% en términos de poder adquisitivo a comienzos de los noventa). Con ese diagnóstico de emergencia, se impulsó así el SPP: un sistema de cuentas individuales administradas por las AFP privadas. Cada trabajador empezaría a ahorrar para su pensión en un fondo particular, con la promesa de que el rendimiento financiero le daría una mejor jubilación que la antigua.

Este cambio de modelo significó poner las pensiones en manos de las leyes del mercado y, sobre todo, el fortalecimiento de los burgueses dedicados a la actividad financiera. Así, entre las principales consecuencias del SPP tenemos la privatización del ahorro previsional orientado a beneficiar a las empresas de fondos y a la banca, mientras se pone en riesgo la vejez de los trabajadores por la incertidumbre inherente a la lógica especulativa de los fondos de inversión. En la práctica, los afiliados tienen que pagar comisiones a las AFP y asumir los riesgos de las crisis financieras. El Estado renunció al rol principal como garante de la seguridad social, transfiriendo parte de ese costo a la situación de cada trabajador o de su familia.

Será con la pandemia de COVID-19 cuando los cuestionamientos al SPP comenzarán a agudizarse, ante su evidente fracaso para otorgar pensiones dignas a las familias obreras. En la segunda parte de este texto discutiremos la entrada en crisis del SPP, los intereses de los partidos políticos que sancionaron la reciente reforma, así como la importantísima respuesta de la juventud trabajadora que se organiza de forma valiente contra sus implicancias.